La violencia de género no es solo un grave problema social y de derechos humanos, sino también un desafío económico importante. Un estudio realizado por la Fundación Avon en 2021 estima que la violencia de género tiene un impacto económico en Argentina equivalente al 1.6% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. En este artículo, desglosaré los cuatro tipos principales de costos generados por este tipo de violencia y destacaré los aportes económicos no reconocidos de las mujeres en el PBI.

Los costos laborales: La violencia de género afecta gravemente los mercados laborales debido al ausentismo, la pérdida de productividad, las licencias por enfermedad que muchas veces disfrazan situaciones de violencia, y los despidos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta violencia reduce el PBI global en aproximadamente un 2% anual, lo que equivale a más de 1.6 billones de dólares. En algunos países, los costos anuales pueden alcanzar más del 3.5% del PIB.

Las víctimas a menudo deben tomar licencias prolongadas o abandonar sus trabajos para lidiar con las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia. Esta situación no solo afecta a las víctimas directamente, sino que también impacta negativamente en las empresas y en la economía en general, debido a la disminución de la productividad y el aumento de los costos relacionados con la rotación de personal y el reemplazo de trabajadores.

Los costos sanitarios: El sector salud soporta una carga considerable. Estos costos incluyen servicios de emergencia, hospitalización, atención médica prolongada y servicios de salud mental. En la Unión Europea, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) informó que los costos sanitarios relacionados con la violencia de género incluyen servicios de emergencia, hospitalización, servicios de salud mental y cuidados a largo plazo para condiciones crónicas derivadas de estas violencias.

Los costos indirectos también son significativos, ya que el impacto psicológico a largo plazo en las sobrevivientes requiere apoyo continuo en salud mental. Niños sobrevivientes de femicidios, por ejemplo, necesitan tratamientos de larga duración, lo que incrementa aún más los costos sanitarios.

Los costos legales: abarcan desde la asistencia legal, los gastos del juicio, el lucro cesante de la víctima y otros gastos públicos relacionados con la aplicación de la ley, desde la respuesta policial inicial hasta la prosecución y encarcelamiento (si es que sucede) de los victimarios. Estos costos no solo incluyen el proceso judicial en sí, sino también los gastos asociados con la implementación de medidas de protección para las víctimas, como órdenes de restricción.

Los costos sociales: Esta violencia tiene un impacto profundo en el bienestar social y psicológico de las víctimas y sus familias. Las víctimas a menudo enfrentan dificultades para reintegrarse en la sociedad y en el mercado laboral, lo que afecta su calidad de vida y sus oportunidades futuras. Los daños colaterales son enormes. Alguien puede contabilizar fácilmente, ¿cuánto cuesta que un niño o niña crezca sin madre a causa de un femicidio?

Además de estos costos, es crucial reconocer los aportes económicos invisibilizados que hacen las mujeres. La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género publicó un informe sobre el trabajo no remunerado (TNR) y su aporte al PBI, representando el 16.8% del PBI en 2022. Este cálculo refleja que el cuidado es la actividad que más aportó al PBI de Argentina (17.254.643 millones de pesos a valores históricos), seguida por el comercio y la industria. En Argentina, se dedican 146.1 millones de horas diarias de trabajo no remunerado a las tareas del hogar y los cuidados. Sin embargo, el aporte por género del TNR al PBI es desigual: el 70.2% de estas tareas las realizan las mujeres, dedicando en promedio 6 horas y 30 minutos diarias a las tareas del hogar y cuidados, mientras que los hombres dedican 3 horas y 40 minutos diarias. Repito el dato para el lector distraído: las tareas del hogar y de cuidado superan en cuanto a su aporte al PBI al comercio y a la industria.

Aunque genere controversia, es claro que la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación representa un acto concreto de disciplinamiento y violencia institucional contra las mujeres y el colectivo. Esta decisión, en un contexto de aumento de femicidios y de reformulación de la narrativa patriarcal, refleja un desprecio por las políticas públicas esenciales para proteger y asistir a las víctimas.

Aunque el ministerio disuelto no haya tenido el impacto deseado en cuanto a índices y a la prevención, resulta llamativo que no se exijan los mismos estándares de efectividad a ministerios como el de Economía o Desarrollo Social, entre otros. La disolución del ministerio también contraviene la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, ralentizando la aplicación de otras leyes como la Ley Micaela, la Ley Brisa y la Ley Olimpia. Sin ese ministerio, por ejemplo, la Ley Micaela queda sin autoridad de aplicación.

A partir del 24 de mayo de 2024 (Decreto 450/2024), la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género fue trasladada a la órbita del Ministerio de Justicia. A pesar de que han transcurrido casi ocho meses desde la creación de la Subsecretaría en diciembre de 2023, continúa sin estructura interna aprobada, lo que significa un obstáculo para el correcto desarrollo de sus tareas, entre las cuales se encuentra la de diseñar e implementar el Plan Nacional de Acción contra las Violencias para el periodo 2024-2026, tal como se estipula en la Ley Nacional 26.485. Asimismo, se desconoce cómo la Subsecretaría planea articular con otros ministerios y organismos estatales en el abordaje de las violencias de género para dar cumplimiento con los compromisos asumidos y las normas vigentes.

Para terminar, enfatizo que invertir en la prevención y abordaje de esta violencia no solo es un imperativo social, sino una estrategia inteligente para el crecimiento y desarrollo económico. Los costos que provoca la violencia son realmente significativos y nadie en Argentina está poniendo actualmente la atención ahí, al menos públicamente. Habría que seguir fortaleciendo la recolección y el análisis de datos sobre violencia de género para medir con precisión su impacto económico y social. Datos precisos son fundamentales para diseñar políticas efectivas. Además, los aportes que hacen las mujeres a través de las tareas domésticas y de cuidado representaron el 16.8% del PBI en 2022, destacando la tremenda importancia económica de las mujeres en la sociedad. Esta temática debe ser tratada como una política de estado seria, independientemente de la ideología política del momento. Las mujeres y disidencias merecen este reconocimiento, que se les brinde protección como ciudadanas y que vivamos realmente en un país libre.