Las protestas en la Ciudad de Buenos Aires han experimentado una transformación radical desde que La Libertad Avanza asumió la presidencia. Los piquetes, que en el pasado paralizaban la ciudad, han perdido su fuerza, permitiendo que el tránsito fluya con normalidad. Gracias al éxito del protocolo antipiquetes implementado por el gobierno de Javier Milei, las manifestaciones continúan, pero sin interrumpir la circulación vehicular, una de las promesas más destacadas de la campaña presidencial.

El impacto de estas medidas es evidente. Incluso líderes de la izquierda, como Eduardo Belliboni, ahora realizan sus reclamos desde las veredas, sin ocupar las calles, lo que refleja el cumplimiento estricto del protocolo. Este cambio no solo ha reducido significativamente la cantidad de participantes en las movilizaciones, sino que también ha restablecido el orden en la ciudad, beneficiando a todos los ciudadanos.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó: «Circular por el país parecía imposible. Muchos argentinos pensaban que los piquetes iban a ser eternos. Con el protocolo antipiquetes, regulamos cómo se llevan a cabo las protestas, sin impedir el derecho a manifestarse, pero asegurando que no se corten las calles. Este es un verdadero cambio de paradigma.»

El protocolo antipiquetes no solo ha sido una herramienta efectiva para desactivar la capacidad de las organizaciones sociales de izquierda y peronistas de paralizar la ciudad, sino que también ha sido respaldado por instancias judiciales. Esto ha garantizado que las protestas se realicen de manera ordenada, sin afectar la vida cotidiana de los ciudadanos.

Además, la implementación de la Línea 134 ha permitido que los beneficiarios de planes sociales denuncien las coacciones a las que eran sometidos para asistir a las marchas. Este mecanismo ha sido fundamental para desarticular prácticas coercitivas y asegurar que la participación en las protestas sea voluntaria.

Las políticas de auditoría lideradas por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, han complementado estas acciones, revelando irregularidades en la distribución de alimentos y cortando de raíz la tercerización de bolsones de comida. Con la tarjeta Alimentar Comunidad, el gobierno asegura una asistencia directa y transparente, evitando el mal uso de recursos que en el pasado financiaba movilizaciones.

En resumen, el protocolo antipiquetes y las políticas asociadas han sido un éxito rotundo en la administración de Javier Milei, marcando un antes y un después en la gestión de las protestas en la Ciudad de Buenos Aires. La ciudadanía, que antes vivía bajo la amenaza constante de cortes de calles, ahora disfruta de una ciudad donde las manifestaciones se realizan con respeto por el orden público y el derecho al tránsito.