En un esfuerzo por garantizar la transparencia en el uso de los recursos de todos los argentinos, el Gobierno de Javier Milei, a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), anunció el inicio de auditorías en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Sin embargo, el Rectorado de la UBA se movilizó para evitar este proceso, argumentando una «intervención inconstitucional» y optó por iniciar acciones legales para frenar la auditoría.

La decisión generó interrogantes sobre el manejo de fondos en una de las instituciones educativas más importantes de Argentina y puso en evidencia su gran resistencia a la transparencia.

La SIGEN, bajo la dirección de Miguel Blanco, planea comenzar la auditoría el 28 de octubre, una medida que no se realizaba desde hace varios años.

El rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, calificó esta medida de transparencia como una «violación» a la autonomía universitaria, y sostuvo que la administración de la UBA no debería quedar bajo supervisión del Poder Ejecutivo.

La universidad justica su negativa señalando que la supervisión externa ya recae en la Auditoría General de la Nación (AGN), sin embargo, es un organismo que está controlado por radicales y kirchneristas, muy cercanos a las autoridades universitarias, por lo que se pone en duda su autenticidad.

Ante esto, el Gobierno de Milei insiste en que el objetivo es auditar en detalle cómo se gestionan los recursos públicos. Manuel Adorni expresó en sus redes: «La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos; algunos parecen no entenderlo».