La situación en Venezuela sigue deteriorándose bajo el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que continúa reprimiendo con brutalidad cualquier forma de disidencia. Este lunes, la misión de la ONU creada para investigar violaciones a los derechos humanos en el país denunció que más de 100 niños, niñas y adolescentes han sido detenidos y acusados de crímenes graves, como terrorismo y conspiración, tras las protestas desatadas luego de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio.

Las detenciones de menores en un contexto de represión no son un hecho aislado, sino una muestra más del carácter autoritario del régimen venezolano, que no solo persigue a opositores adultos, sino que ahora también arremete contra los más vulnerables, violando flagrantemente los derechos humanos. Los menores detenidos, según el grupo de juristas que integra la misión, no cuentan con la presencia de sus padres o tutores durante las actuaciones judiciales, lo que agrava aún más la situación de indefensión en la que se encuentran.

El informe de la misión de la ONU señala que, además de las detenciones arbitrarias, el régimen de Maduro ha utilizado la fuerza letal de manera abusiva. Desde el inicio de las protestas, al menos 23 personas han perdido la vida, la mayoría de ellas por disparos de armas de fuego, en un intento de silenciar las voces que se alzan contra la dictadura.

Marta Valiñas, presidenta del grupo de expertos de la ONU, exigió que estas muertes sean investigadas y que, de confirmarse la participación de fuerzas de seguridad o civiles armados afines al régimen, los responsables sean llevados ante la justicia. Sin embargo, en un sistema judicial controlado por el propio régimen, las posibilidades de que se haga justicia son escasas.

Las cifras reveladas por la misión de la ONU son alarmantes: más de 1,260 personas, incluidas 160 mujeres, han sido detenidas en el marco de las protestas. Estos arrestos, en su mayoría arbitrarios, son parte de una estrategia del régimen para mantenerse en el poder a toda costa, utilizando el miedo y la represión como herramientas fundamentales.

Este informe no solo evidencia la crisis humanitaria en Venezuela, sino que también subraya la necesidad urgente de una intervención internacional para frenar los abusos de un régimen que ha convertido a Venezuela en una dictadura. La comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para presionar al régimen de Maduro y buscar soluciones que restauren la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país.