La Justicia penal de San Luis ocupa el último lugar del ranking nacional, dado que resuelve menos de 1 de cada 100 casos que se le presentan. Así lo revela un informe elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) que exhibe el desempeño y trabajo de los ministerios públicos de Argentina. En el caso de San Luis, que ocupa el último lugar del ranking nacional, tiene una eficacia del 0,33% dado que, de 19.275 casos penales ingresados en la Justicia, 17 recibieron condena y hubo 46 suspensiones de juicio a prueba. El informe fue elaborado con datos correspondientes al año 2022, el primer año que se instrumentó la reforma judicial, un cambio significativo dado que se pasó del sistema inquisitivo hacia el acusatorio, esto significa que los fiscales -que dependen del Procurador General, Luis Martínez- comenzaron a ocupar el papel central en las investigaciones. Con la implementación del sistema acusatorio en casi todo el país, los Ministerios Públicos Fiscales adquirieron un nuevo rol que ya no puede resumirse en la vieja fórmula de “dirigir la investigación penal”, sino que abarcan tareas tan sensibles como la identificación y priorización de mercados criminales, el diseño de estrategias de intervención con respuestas diversificadas y la participación en la implementación de la política criminal del Estado, a través de un de sus sub-políticas, como lo es la política pública de persecución penal. Estas nuevas funciones hacen que la producción de información se vuelva indispensable para la toma de decisiones por parte de las autoridades y para el control ciudadano. El trabajo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales contempla las presentaciones de 16 jurisdicciones, además de Nación, con los resultados en cada distrito judicial. En el caso de San Luis, de 19.275 casos penales ingresados en la provincia de San Luis, 17 recibieron condena y hubo 46 suspensiones de juicio a prueba. Jujuy tuvo el mejor desempeño con el 18,11%, luego Río Negro (13,34%) y Neuquén (12.07%). En la región, el podio fue para Mendoza con un 11,07%. De esta manera queda exhibido el trabajo del ministerio Publico Fiscal, la oficina de la que dependen la Unidad de Abordaje Fiscal que día pasados fue el centro de una polémica cuando se viralizaron videos y fotos que se hacen los días viernes. El ministerio Público Fiscal de San Luis, que conduce el Procurador Luis Martínez, es el menos eficaz de todo el país. La tasa básica que resulta del trabajo del Instituto significa “cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad”. “La tasa básica busca responder a una pregunta tan sencilla como relevante para cada uno de los ministerios públicos que actúan en Argentina: ¿en cuántos casos penales que le ingresan, el ministerio Público Fiscal logra obtener una salida con incidencia político-criminal, aunque sea mínima o potencial? En otras palabras, ¿en cuántos casos las fiscalías logran el objetivo (ya que eso es la eficacia) político-criminal más básico? Se trata de una instancia mínima y elemental de evaluación”, destacaron en las conclusiones del informe. Los resultados de los últimos años en San Luis muestran una notoria desmejoría: en 2019 la eficacia era del 2,26%, en 2021 fue del 1,39%, contra el 0,33 actual. De los 25 ministerios Públicos Fiscales del país, 15 no publicaron ninguna información sobre sus causas penales, mientras que solo dos (Provincia de Buenos Aires y Nación) publicaron los datos básicos (ingresos y salidas de calidad) necesarios para construir la tasa básica de eficacia político-criminal. Pese a los requerimientos, Tucumán, San Juan, Tierra del Fuego, Misiones, Córdoba, Formosa, La Pampa, y Santiago del Estero son los que no aportaron siquiera los cuatro indicadores más elementales (ingresos, condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios), indispensables para medir la eficacia básica. “Este ‘apagón informativo’ impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo”, advierte el Inecip. Y completó: “Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal”