El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) sesionó este martes en modalidad híbrida y decidió declarar «personas no gratas» a los diputados nacionales por San Luis, Karina Bachey, Alberto Arancibia Rodríguez y Carlos González D’Alessandro. La decisión se debe a que los legisladores votaron a favor del veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

Además de esta declaración, en la sesión del Consejo Superior hubo duras críticas dirigidas hacia los diputados.

Este tipo de posicionamiento del Consejo Superior de la UNSL es un ejemplo de lo que en Estados Unidos se denomina cultura «woke», un fenómeno caracterizado por un grupo de “políticamente correctos” que, creyéndose moralmente superiores, intentan imponer sus ideas progresistas sobre el resto de la sociedad. En este contexto, ha causado particular molestia el uso de una herramienta conocida como «cancelación»: un boicot social y profesional que suele expresarse a través de redes sociales, resoluciones institucionales o declaraciones públicas contra individuos cuyas opiniones o acciones resultan intolerables para quienes promueven esta cultura.

En este caso, el Consejo Superior de la UNSL ha «cancelado» a los legisladores puntanos elegidos democráticamente por la ciudadanía, declarándolos personas no gratas, como si no existieran. En nuestro país, esta cultura «woke» ha dado lugar a instituciones como el INADI, y al uso de métodos coercitivos aplicados por ciertos «policías de la palabra» —como suelen denominarse— que actúan contra quienes consideran misóginos, homofóbicos o racistas.

¿Es adecuado que las universidades, como instituciones, apliquen criterios de cancelación? ¿No deberían ser espacios amplios y abiertos al debate de ideas, al fomento del pensamiento científico y a la diversidad de opiniones?

Mientras tanto, el Consejo Superior de la UNSL no ha emitido ninguna declaración sobre otros temas de preocupación pública, como las irregularidades denunciadas por la diputada Margarita Stolbizer sobre el manejo de 47,8 millones de pesos (alrededor de 7 millones de dólares en aquel momento) provenientes de la Secretaría de Políticas Universitarias durante 2014 y 2015. Tampoco se ha pronunciado sobre el «festival de designaciones» y cargos que ha proliferado en la universidad entre 2021 y 2023, ni sobre los viajes internacionales de sus autoridades. Sin embargo, sí ha tomado la iniciativa de cancelar y declarar personas no gratas a aquellos con ideas diferentes.