Se aprobó la ley bases, pero ¿Qué significa?, esto es un resumen de los puntos más importantes de la ley bases  y del paquete fiscal:  

Declaración de emergencias: se declara la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, que faculta al Ejecutivo a arrogarse poderes especiales en estas áreas.

Privatización de empresas públicas: eliminadas del listado las firmas Aerolíneas Argentinas, Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA); finalmente quedaron las siguientes: Energía Argentina SA (ex Enarsa) e Intercargo, sujetas a privatización total; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que podrán incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, pero deberán conservar el control mayoritario por parte del Estado; y Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, como empresas sujetas a su privatización o concesión.

Desregulación del Estado:  e limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos. Se incorporaron 15 entes e institutos que no podrán disolverse. Se listan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD); Superintendencia de Seguros de la Nación; Superintendencia de Riesgos de Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Además, se sumó un párrafo en el que se garantiza el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

Obra pública: se incorporó un fragmento que establece que las obras públicas que tengan un grado de avance de un 80% de ejecución, o que cuenten con financiamiento internacional, no serán frenadas.

Empleo público: se establecen cambios en las normas para remover agentes estatales. Los empleados que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.

Modernización laboral: extensión del período de prueba a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores; y la creación de un fondo de cese laboral optativo -a determinar en los convenios colectivos de trabajo- como alternativa a las indemnizaciones. La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivizar de un trabajador es pasible de sanciones.

Justa causa de despido: fue incluida la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo.

Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI): se establece un régimen especial, con fuertes incentivos impositivos y cambiarios, para alentar inversiones mayores a 200 millones de dólares en sectores algunos sectores económicos: forestoindustria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Se incluyó un inciso por el que se prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión (obligatoriedad de contratar 20% de proveedores locales siempre que cumplan ciertas condiciones), y una garantía de que se empleen personas locales.

Lo que contiene el paquete fiscal, también implica un incremento en los ingresos del gobierno.

Blanqueo de capitales: dirigido no solo a residentes argentinos sino también a personas humanas no residentes que anteriormente hayan sido consideradas como residentes fiscales en Argentina. Se podrán blanquear activos de hasta USD 100.000 sin pagar ninguna alícuota de recargo. Para aquellos montos que superen los USD 100.000, el proyecto propone alícuotas progresivas del 5%, 10% y 15%, dependiendo del momento en que los contribuyentes decidan adherirse al régimen. Estas tasas variarán en tres etapas. Están excluidos los funcionarios públicos de los últimos diez años, entre otras excepciones.

Restitución del Impuesto a las Ganancias: el límite para tributar se estableció en 1,8 millones de pesos al mes (solteros sin hijos) y de 2,2 a 2,6 millones de pesos para casados con hijos. Las escalas son graduales a partir de esas cifras.

Impuesto a los Bienes Personales: se aumentó a $100 millones el piso a partir del cual una persona será alcanzada por el tributo. Asimismo, la deducción por la vivienda familiar pasó a $350 millones. Para las declaraciones juradas con los patrimonios hasta fin de 2023 las tasas serán entre 0,5% y 1,50 por ciento. Entre 2024 y 2026 quedarán vigentes solo dos alícuotas, entre 1,25% y 1,50% y desde 2027, una única tasa de 0,25 por ciento.

Monotributo social: quien adhiera pagará un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa. Se fijó la actualización de los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300 y 330 por ciento. El ingreso tope anual será de $68 millones y se elimina la diferenciación entre actividades (comercio y servicios) para estar en el régimen simplificado. También subieron los montos de toda la escala y los importes a pagar.