El reciente nombramiento de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte del presidente Javier Milei no solo representa una violación flagrante de la Constitución Nacional, sino que también expone, con toda crudeza, la concentración del poder en manos de un grupo homogéneo de varones en el órgano judicial más importante del país. En un sistema republicano, la ley es el límite que impide el abuso de poder, pero cuando quienes deben respetarla la ignoran deliberadamente, lo que queda es un montaje institucional diseñado para sostener privilegios.

La Constitución Nacional es clara respecto al mecanismo de designación de jueces de la Corte. El artículo 99, inciso 4, establece que el presidente puede proponer candidatos, pero estos deben obtener el acuerdo del Senado con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes. Este procedimiento no es una mera formalidad: es el mecanismo que garantiza que la Corte no quede subordinada al poder de turno. Sin embargo, Milei lo ha ignorado y avanzó con nombramientos que, en los hechos, quiebran el principio de división de poderes. Aún más grave es la actitud de los propios jueces que aceptan descaradamente asumir sus cargos en condiciones de irregularidad, sabiendo que su designación contradice el espíritu y la letra de la Constitución. ¿Dónde queda la igualdad ante la ley cuando ni siquiera quienes deben aplicarla respetan su proceso de selección?

Esta anomalía institucional, sin embargo, no es solo una cuestión legal. La composición de la Corte Suprema refleja un problema mucho más profundo: la hegemonía de un poder judicial que sigue excluyendo sistemáticamente a las mujeres. La foto de los jueces en funciones no es solo una imagen protocolar, sino el testimonio gráfico de una paradoja insostenible. En un país donde las mujeres son mayoría, el tribunal que tiene la última palabra sobre los derechos y libertades de toda la ciudadanía está integrado exclusivamente por varones, blancos, conservadores. No es casualidad ni accidente, es la confirmación de un patrón llamado Patriarcado que se ha repetido a lo largo de la historia.

La igualdad ante la ley no significa tratar a todas las personas de la misma manera sin considerar sus circunstancias, sino evitar que la ley se convierta en un instrumento de dominación de un grupo sobre otro. La ley no puede ser imparcial si quienes la interpretan provienen todos de la misma realidad social y económica. La justicia no puede ser justa si las mujeres no tienen representación en su órgano más alto. Se habla de imparcialidad, pero ¿cómo puede haberla cuando no existe diversidad de miradas? ¿Cómo creer en esta Corte Suprema cuando esta moldeada a imagen y semejanza de un solo sector de la sociedad?

El problema de una Corte Suprema exclusivamente masculina no es solo simbólico; tiene un impacto real en la manera en que se interpretan y aplican las leyes. Se supone que la justicia debe garantizar la igualdad ante la ley, pero ¿cómo puede hacerlo si quienes la administran nunca han vivido en carne propia las desigualdades que nos afectan? La ausencia de mujeres en la Corte Suprema implica la ausencia de una mirada que entienda, desde la experiencia y no desde la teoría, las situaciones que atraviesan las mujeres a diario.

Las mujeres son quienes sufren la violencia de género, el acoso laboral, la brecha salarial, la falta de acceso equitativo a espacios de poder y la carga desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidados. Son quienes deben luchar por el acceso a derechos sexuales y reproductivos que todavía aun hoy siguen siendo cuestionados. Cuando una mujer denuncia violencia, no solo enfrenta al agresor, sino también a un sistema judicial que, en muchos casos, la revictimiza, desconfía de su testimonio o minimiza la gravedad de los hechos. ¿Cómo puede un tribunal compuesto solo por varones comprender el miedo de caminar sola de noche, la angustia de saber que una denuncia puede no ser tomada en serio o el dilema de tener que elegir entre la maternidad y una carrera profesional en un mundo que sigue castigando esa decisión?

El derecho no es solo un conjunto de normas escritas, es una construcción que se moldea con cada sentencia. Cuando la justicia está en manos de un grupo homogéneo de varones que jamás han experimentado la desigualdad de género, la interpretación de la ley inevitablemente estará sesgada. No porque los jueces sean incapaces de aplicar normas de protección a las mujeres, sino porque nunca han tenido que enfrentarse a los obstáculos que esas normas intentan combatir. Y lo que no se vive, muchas veces, no se entiende en toda su magnitud.  Esto no significa que las juezas dicten fallos “para mujeres”, sino porque aportan una mirada que de otro modo estaría ausente en el debate judicial. La inclusión de juezas no es una cuestión de cupos ni de corrección política, sino de acceso a una justicia real.

No es un fenómeno exclusivo de Argentina en El Salvador, Nayib Bukele destituyó a todos los magistrados de la Sala Constitucional en un claro intento de eliminar cualquier control sobre su gobierno. Es decir, como en Argentina, la justicia dejó ya de ser un poder independiente.

Es triste que se insista en el principio de igualdad ante la ley, pero en la práctica esta igualdad se vuelve una ilusión. No porque las normas sean explícitamente discriminatorias, sino porque su aplicación perpetúa un sistema de exclusión. Es tragicómico que los jueces asuman sus cargos violando los procedimientos. Se habla de imparcialidad, pero el tribunal más importante del país es un espacio cerrado para la diversidad.

Argentina enfrenta otra crisis de representatividad y de legitimidad institucional. Y cuando la justicia es diseñada para sostener privilegios (entiéndase casta) en lugar de corregir desigualdades y brindar justicia, lo que queda no es un tribunal supremo, sino un pacto de poder entre quienes han decidido que la ley debe seguir sirviéndolos a ellos.