El viernes 5 de diciembre, en el Concejo Deliberante de Villa Mercedes se llevó a cabo la jura de los concejales electos en el marco de una sesión especial destinada a dicho fin.

Se designó una Comisión de Poderes formada por los concejales Karina Maranguelo, Claudia Miranda y Miguel Angel Arce.

La Comisión de Poderes aconsejó dejar en suspenso la incorporación de Andrea Quiroga, del Frente Justicialista, “por evidenciar impedimento moral y ético, como así también presunción de vulneración de las disposiciones del artículo 162 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Villa Mercedes”, en relación a una causa penal por una supuesta falsa denuncia.

El cuerpo recomendó reservar su diploma hasta recibir un informe oficial de la Justicia que confirme el estado procesal actualizado del expediente.

Andrea Quiroga, la concejala electa, adelantó que hará denuncia penal y un amparo.

Sin entrar a considerar si la denuncia que hizo Andrea Quiroga antes de las elecciones fue falsa o no, cuestión que resolverá tribunales, se advierte cómo ciertos actores políticos han convertido la denuncia judicial en su principal herramienta de visibilidad.

Siempre que se avecina una elección aparecen las denuncias de ciertos actores políticos, que causan estrépito en las redes, en las radios y en la televisión.

No se trata de la legítima búsqueda de justicia ante un hecho grave, sino de una estrategia calculada para ocupar titulares y ganar terreno en la arena pública.

El problema no radica en que un ciudadano —o un político— acuda a los tribunales cuando corresponde, sino en la banalización de este recurso. Los juzgados, ya sobrecargados con causas de verdadera trascendencia social, se ven obligados a destinar tiempo y recursos a expedientes que, en muchos casos, responden más a una agenda electoral que a un interés genuino por el bien común.

Esta tendencia erosiona dos pilares fundamentales:

1. La credibilidad de la justicia, que empieza a percibirse como un escenario más de la contienda política.

1. La calidad del debate democrático, que se empobrece cuando las ideas y propuestas son reemplazadas por acusaciones y litigios.

La política necesita recuperar el valor de la palabra, el diálogo y la confrontación de ideas. Judicializar cada diferencia no solo entorpece el funcionamiento de los tribunales, sino que también envía un mensaje peligroso: que el adversario no se derrota con argumentos, sino con expedientes.

Si queremos una democracia más sólida, debemos exigir a nuestros representantes que discutan en el Congreso, en las legislaturas provinciales,  en los concejos deliberantes  en los medios y en la calle… no en los pasillos de los juzgados.