El reciente pedido del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de San Luis para fortalecer la autonomía financiera del Poder Judicial pone de relieve una preocupación fundamental: la independencia de los poderes del Estado es primordial para cualquier democracia, y requiere que el Poder Judicial no dependa de las decisiones presupuestarias del Poder Ejecutivo. Según el STJ, sin una autonomía financiera real, la capacidad del Poder Judicial para cumplir con su misión se ve seriamente comprometida.

Sin embargo, garantizar la independencia económica del Poder Judicial no es suficiente para mejorar la administración de justicia. El problema no se limita a la escasez de recursos disponibles, sino a cómo se gestionan y cómo se aborda la resolución de conflictos en nuestra sociedad. Si bien es urgente resolver el déficit salarial y la falta de personal, la solución a largo plazo debe ir más allá del presupuesto.

Es esencial preguntarse si la solución a la crisis judicial actual, caracterizada por la mora y la sobrecarga debido al aumento de litigios, reside únicamente en mayor financiamiento o si es necesario un cambio de paradigma hacia una mayor adopción de los Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos (MARC), como la mediación, la conciliación y el arbitraje.

El paradigma tradicional de resolución de conflictos, centrado casi exclusivamente en el litigio, está mostrando claros signos de agotamiento. Los tribunales están saturados por la creciente cantidad de casos, especialmente en áreas sensibles como los conflictos familiares y laborales, y corren el riesgo de colapsar. Este no es un problema exclusivo de San Luis, sino de todo el país. Ante este panorama, es imprescindible adoptar un enfoque más preventivo y colaborativo para la resolución de disputas, y aquí es donde los MARC, especialmente la mediación, adquieren un papel clave.

La mediación, como parte de los MARC, no solo es una alternativa viable al juicio tradicional, sino que también es una solución más económica, rápida y ajustada a las necesidades reales de las partes en conflicto. Estudios indican que el tiempo promedio de resolución de un litigio supera los 36 meses, mientras que una mediación puede concluirse en aproximadamente 60 días. Además, el costo de un juicio puede ser hasta 3000 % superior que el de un proceso de mediación.

Este método no solo alivia el sistema judicial, optimizando el uso de recursos y tiempo, sino que también promueve una cultura de diálogo y resolución pacífica, inculcando en la sociedad la idea de que los conflictos pueden y deben resolverse sin necesidad de confrontación judicial. Esta transformación es tanto operativa como ética y pedagógica, fomentando la convivencia pacífica y la cohesión social.

Para que la mediación y otros MARC sean efectivos, es necesario un cambio cultural tanto dentro como fuera del sistema judicial. Lamentablemente, en muchos casos, la resistencia a estos métodos proviene de una falta de conocimiento y confianza en su eficacia, lo que se refleja en la escasa inversión. En 2022, el presupuesto para mediación en nuestra provincia representaba el 0,5 % del presupuesto asignado al Poder Judicial, mientras que en 2024 se redujo al 0,3 %. Con estos recursos, hacer de la mediación una herramienta estratégica parece una tarea difícil de ejecutar. Además, una de las principales resistencias proviene de algunos profesionales del derecho, quienes, por su formación orientada al litigio, no suelen promover este enfoque. Es posible que temen ser desplazados, aunque en realidad su función como asesores sigue siendo importantísima.

En la provincia de Río Negro, el sistema de justicia ha sido reconocido como el mejor de Argentina por la Comisión Nacional de Acceso a Justicia de la Corte Suprema. Este logro se debe al uso masivo, consistente y continuado de los MARC, además de un plan estratégico judicial que prioriza su implementación. En esa provincia, en materia civil y comercial, es obligatorio intentar resolver el conflicto mediante MARC antes de iniciar un juicio, con asesoría legal obligatoria. Este enfoque temprano es fundamental para prevenir la escalada de conflictos y facilitar acuerdos viables.

El cambio cultural también implica comprender que estos métodos enfatizan el autocontrol emocional. Por ejemplo, una pareja en proceso de separación debe acordar la nueva dinámica familiar, y la mediación familiar, con un equipo interdisciplinario, facilita la elaboración de un plan de parentalidad y comunicación eficiente. La figura del Coordinador Parental también sería de gran utilidad.

La promoción de los MARC en el ámbito judicial debe estar acompañada de una estrategia educativa que abarque a la ciudadanía en general. Es necesario que el Poder Judicial no solo reciba los fondos necesarios para garantizar su autonomía, sino que también se comprometa a implementar y fomentar activamente estos métodos como parte de una nueva cultura de justicia.

Un paso importante hacia este nuevo paradigma sería la presentación de un anteproyecto de ley que considere los MARC como un requisito antes de acudir al litigio. Que se promueva más la conciliación laboral en el ámbito del acceso a la justicia y también masificar la posibilidad de conciliaciones de consumo o patrimoniales. El arbitraje también resultaría apropiado como una alternativa adicional a los conflictos empresariales. Esta medida no solo reduciría la carga judicial, sino que también aumentaría la eficiencia y efectividad del sistema, reservando el litigio para los casos en que sea absolutamente necesario.

Finalmente, el pedido de aumento de presupuesto para el Poder Judicial es un llamado de atención sobre las necesidades urgentes de un sistema que enfrenta una crisis estructural. Sin embargo, más allá de la inyección de recursos, es imprescindible que el Poder Judicial reevalúe su enfoque en la resolución de conflictos, involucrando a mediadores y especialistas con visión estratégica y experiencia en la implementación de los MARC. La adopción de estos métodos no solo aliviaría la sobrecarga de los tribunales, sino que también transformaría la forma en que entendemos y manejamos los conflictos en nuestra sociedad.

En última instancia, la verdadera autonomía del Poder Judicial no se logrará solo a través de un mayor financiamiento, sino también mediante su capacidad de adaptarse y liderar un cambio cultural que privilegie el diálogo y la solución pacífica de controversias. Este es el desafío y la oportunidad que se presentan ante nosotros: construir un sistema de justicia que sea independiente, eficiente, accesible y verdaderamente al servicio de la paz social.