La auditoría que llevará a cabo la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) dará inicio el 28 de octubre, con el fin de examinar los fondos transferidos por el Tesoro Nacional a esta institución en los últimos años.

Antes de comenzar esta labor, que podría ofrecer sus primeros resultados preliminares a principios de diciembre, según fuentes del organismo de control dirigido por Miguel Blanco  ya se dispone de información que sugiere posibles irregularidades.

Un informe en posesión de la SIGEN señala que la UBA no rindió cuentas del 89% de los fondos recibidos entre 2020 y 2022 en el marco de diversos programas universitarios, como el FUNDAR, que proporciona recursos para proyectos que promueven acciones universitarias para el desarrollo nacional y regional.

Esto representa alrededor de $8000 millones cuyo destino y uso no fueron especificados. Además, se añaden otros $500 millones destinados a infraestructura, sobre los cuales tampoco se aclaró su aplicación entre 2015 y 2019.

La SIGEN fue autorizada para llevar a cabo una revisión exhaustiva de los procesos administrativos de la principal universidad del país tras la derogación de una normativa kirchnerista impuesta por el exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, que impedía este tipo de análisis.

«Uno de los primeros objetivos es saber porqué no se rindieron estos fondos, analizar cómo se utilizaron y determinar si fueron a parar a su destino original», comentaron fuentes del gobierno.

La SIGEN solicitará a la UBA la entrega de documentación relacionada con la transferencia de fondos estatales, cada uno de los convenios firmados, la rendición de cuentas de cada gasto junto con la documentación de respaldo, la lista de gastos corrientes y de capital, es decir, todas las inversiones realizadas.

Por otra parte, desde el rectorado de la UBA se movilizó para evitar este proceso, argumentando una «intervención inconstitucional» y optó por iniciar acciones legales para frenar la auditoría.

La decisión generó interrogantes sobre el manejo de fondos en una de las instituciones educativas más importantes de Argentina y puso en evidencia su gran resistencia a la transparencia.