Larroque en la provincia de Entre Ríos, es una pequeña ciudad que  cuenta con 6.500 habitantes, de los cuales alrededor de un centenar trabaja directamente en Fademi, una pyme familiar que produce baterías para el mercado interno.

La planta está paralizada desde hace 15 días debido a una «protesta sindical». La preocupación en Larroque es el posible cierre definitivo de la planta, lo que podría dejar a la ciudad sin su principal fuente de ingresos.

El cierre de dicha fábrica generará una herida de muerte a Larroque, puesto que gran parte de su actividad económica depende de esta fábrica.

En un documento emitido por la empresa el  conflicto  “se inicia a finales del mes de mayo, con medidas graduales y dañinas para la producción por parte del personal, sosteniéndolo al día de la fecha (y desde hace 13 días), con un paro total de actividades por parte de los trabajadores. Todo obedece a una cuestión netamente salarial”, consignó la dirección de FADEMI a través de un comunicado.

En el documento, la firma expresó que de manera “informal y fuera de la órbita de las autoridades públicas” el sindicato de Químicos y Petroleros de Zárate – Campana reclamó un incremento de sueldo “muy superior a la inflación anual, lo cual resulta imposible de afrontar para la empresa”.

Emiliano Gietz  apoderado de Fademi, explicó que ese acuerdo había garantizado entre abril de 2023 y abril de 2024 un aumento salarial del 400%, más de cien puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada (290%). El salario inicial neto en el sector es de $1,5 millones, y el sueldo promedio mensual de bolsillo que la empresa paga es de $2 millones, sumando las dos quincenas.

 “Somos una pyme entrerriana, y el sindicato siempre nos ha tratado como si fuéramos una multinacional que exporta todo lo que produce. Este trato es incompatible con nuestra supervivencia”, se quejó el letrado.

“Primero realizaron asambleas, durante las cuales se retiraban del lugar de trabajo por periodos que iban de una a cinco horas. Luego pasaron al quite de colaboración y redujeron la producción al 10%. De las 1.200 unidades diarias programadas, solo producían alrededor de 100, a veces menos”, explicó Gietz. Como resultado, la empresa dejó de producir 30.000 baterías.

A esto se sumó el bloqueo de la planta. A principios de junio, un camión que debía cargar productos no pudo ingresar al complejo debido a que el sindicato lo impidió. Además, el gremio forzó el retiro de los empleados de la línea de producción en medio del proceso, poniendo en riesgo la fabricación de 2.000 unidades que quedaron abandonadas sin terminar y con exposición a productos químicos de alto riesgo. Finalmente, el lote fue salvado.

Ahora, el bloqueo ya no es necesario. Desde el viernes 5 de julio, la planta está en cese total de actividades, con producción cero y sin stock. Esta medida de fuerza llevó a que una decena de clientes cancelaran definitivamente sus pedidos debido al incumplimiento de entregas. La empresa enfrenta una situación crítica: su flujo de fondos está cortado y no puede cumplir con sus obligaciones hacia los proveedores.

Es de mencionar que el Gobernador Frigerio no está tomando medidas para salvaguardar las fuentes de trabajo y la inversión de la empresa. El Gobernador Rogelio Frigerio es el que tiene que hacer uso de su autoridad y poner fin a un conflicto que amenaza con la vida de un pueblo.

Es el momento en que el Gobernador debe actuar y no hacer declaraciones para la galería y ponerse a trabajar para solucionar el conflicto.