El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh (ICT, por sus siglas en inglés) condenó el lunes a pena de muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina por considerarla culpable de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2024, que culminaron con su dimisión e huida a la India. La que fue la figura más poderosa del país durante más de una década se enfrenta ahora a un escenario político y jurídico marcado por la incertidumbre, sin precedentes en la historia de Bangladesh.
Hasina, de 78 años e histórica líder de la Liga Awami, dimitió en agosto de 2024 tras un levantamiento estudiantil que denunció abusos y corrupción. Las protestas fueron duramente reprimidas, causando alrededor de 1.500 muertos según la ONU. Desde entonces, permanece exiliada en India, mientras un Gobierno interino liderado por Muhammad Yunus asumió el poder.

La ex primera ministra fue condenada por crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2024, incluyendo las acusaciones por organización de asesinatos masivos de manifestantes, el uso de fuerza letal desde tierra y aire, el asesinato de personas concretas y la coordinación de persecuciones en distintas zonas. Por la primera acusación, fue condenada a cadena perpetua tras ser hallada culpable de incitación, orden de asesinatos e inacción para prevenir las atrocidades y no tomar medidas contra los responsables.

En la segunda, se le consideró responsable de crímenes de lesa humanidad por ordenar ataques con drones, helicópteros y armas letales, por lo que recibió la pena de muerte. Muhammad Yunus, subrayó que la condena evidencia un principio fundamental: «Nadie, independientemente de su poder, está por encima de la ley».

El futuro de Sheikh Hasina ahora depende de una palabra: extradición. Y en ese proceso India tiene un papel clave, ya que es el país donde la exmandataria permanece exiliada desde agosto de 2024 y el único que puede decidir si será entregada o no a la justicia bangladesí.
Horas después de la sentencia, el Gobierno interino de Bangladesh pidió formalmente a la India la «entrega inmediata» de Sheikh Hasina y de su colaborador Asaduzzaman Khan Kamal, también condenado a pena de muerte. Nueva Delhi en ese momento reafirmó su «compromiso con el pueblo bangladesí», aunque sin pronunciarse directamente sobre el futuro de Hasina, lo que ha colocado a la India en una posición diplomática delicada.