El Senado de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei y quedó firme la ley  de emergencia en discapacidad, en una votación que marca un antecedente político de relevancia y busca quebrar al Estado Argentino.

Con 63 votos afirmativos y 7 negativos, la oposición logró reunir los dos tercios necesarios para dejar sin efecto la decisión del Ejecutivo. De esta manera, la norma quedará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más, imponiendo una fuerte presión sobre las cuentas públicas.

El presidente Milei  había vetado la iniciativa por el costo que implica para el Estado.  Según cálculos oficiales, la creación de una Pensión Universal por Discapacidad significará la incorporación de más de 1,6 millones de nuevos beneficiarios, con un gasto superior a los 6 billones de pesos anuales, equivalente a más de 5.000 millones de dólares.

Funcionarios del gobierno nacional entienden  que se trata de una herramienta diseñada por la oposición para forzar un desequilibrio fiscal y debilitar la estabilidad económica alcanzada en los últimos meses.