La Cámara de Diputados se apresta a analizar este miércoles los vetos del presidente Javier Milei a las leyes que establecen un incremento en las jubilaciones, prorrogan la moratoria previsional y establece un régimen de ayuda para discapacitados. Ese paquete se complementa con el tratamiento en el recinto de dos iniciativas para repartir los Aportes del Tesoro Nacional y el producido de los impuestos que gravan a los combustibles entre los gobernadores.

Básicamente, el oficialismo de la Libertad Avanza y aliados buscará juntar una cantidad mínima de legisladores que le impida a la oposición insistir con las leyes lo que derivaría en un incremento del gasto que pondrían en serias dificultades al Gobierno para sostener el superávit en 2026 y reduciría de manera alarmante el previsto para el 2025, algo que inquieta por estas horas al mercado.

Estas leyes buscan dinamitar el súperavit fiscal, clave para la estabilidad de precios y del dólar. Es posible que si estos vetos se rechazan los mercados quedarán alarmados.

De hecho, los proyectos que fueron impulsados por los gobernadores de las provincias con el apoyo mayoritario de la oposición y hasta legisladores dialoguistas podrían complicar las metas de superavit fiscal del acuerdo con el FMI. Para 2025 es de 1,6% del PBI y del 0,3% financiero. El año próximo es 2,2% el primario y 0% el financiero.

El oficialismo en la Cámara de Diputados abrió una ventana que podría derivar en una negociación con los gobernadores. Y es que al dictamen de mayoría de los proyectos para cambiar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y el Impuesto a los Combustibles (que en realidad son dos) que fueron aprobados por la oposición, los legisladores de LLA sumaron uno de minoría. Esta consiste en repartir en base al criterio coparticipable, los fondos que hayan quedado sin distribuir a fin de cada año. Teniendo en cuenta el promedio 2017-2024 (sin 2020 y 2021 por pandemia), los ATN distribuidos de manera efectiva equivalieron al 25% del total posible.