Con su publicación en el Boletín Oficial, la denominada Ley Antimafias entró en vigencia en Argentina. La nueva norma endurece las penas para los integrantes de organizaciones criminales, amplía las herramientas de investigación de la Justicia y las fuerzas de seguridad, y  permite la detención preventiva por averiguación de delito.

Inspirada en la Ley RICO de Estados Unidos y en la legislación antimafia de Italia, la Ley 27786 busca reforzar la lucha contra el crimen organizado  mediante sanciones más severas y nuevos mecanismos de persecución penal.

La Ley Antimafias tipifica un nuevo delito, distinto de la asociación ilícita, con penas significativamente más altas. Según explicó el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad,  Carlos Manfroni, la norma establece “penas verdaderamente disuasivas, que pueden superar los 50 años de prisión”.

El artículo central de la ley establece que será castigado con prisión de 8 a 20 años quien forme parte, coopere o ayude a mantener una organización criminal vinculada a delitos como:

• Narcotráfico
• Encubrimiento y lavado de activos
• Financiación del terrorismo
• Tráfico de órganos
• Cohecho y corrupción
• Secuestro extorsivo
• Pornografía infantil
• Trata de personas
• Tenencia ilegal de armas

Uno de los cambios más drásticos es que cada integrante de una organización podrá ser acusado del delito más grave cometido por cualquier miembro del grupo, sin necesidad de haber participado directamente en el hecho. Además, la norma duplica y acumula tanto el mínimo como el máximo de las penas aplicables.