Una nueva auditoría en el ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad – donde ya se detectaron que 212 personas procesadas, condenadas y presas recibían una pensión no contributiva – por invalidez laboral -, cosa que yo les había contado, aquí, en la conferencia hace algunos días, sala de operaciones del gobierno – según Fabián Wadman -, así que esta es la nueva sala de operaciones, del gobierno. Ahora sí, se identificaron 150 personas fallecidas que cobraban una pensión por discapacidad, en algunos casos su fallecimiento databa, de 1.800 días atrás. Así que hace rato que habían fallecido y alguien seguía cobrando su pensión por discapacidad. Esto implica dos cosas: primero, que alguien se hacía de dinero, que no era de él, y después que ese dinero sale del bolsillo de un contribuyente y está muy mal que esto así sea; la verdad que es absolutamente horroroso. Este fraude generó un costo, de 1.355 millones de pesos, cobrados de manera indebida.

También se identificó que la Intendente, de Enrique Urien, Luciana Pascua – perteneciente al Partido Frente Chaqueño, de Jorge ‘Coqui’ Capitanich – que además fue procesada por delitos de fraude contra la administración pública, cobraba una pensión no contributiva, por invalidez laboral y, por supuesto, incompatible, además, con el cargo que ocupaba.

Estas auditorías buscan evitar fugas de dinero del presupuesto y así no perjudicar a los contribuyentes.