La reciente fuga de Félix Tobares, un interno del Complejo N° 2 Pampa de la Salinas, durante un permiso judicial para visitar a su familia en Villa Mercedes, pone en evidencia una vez más los peligros de otorgar beneficios judiciales a individuos que representan una amenaza para la sociedad. Tobares, quien estaba bajo custodia debido a su historial de delitos graves, aprovechó la oportunidad para escapar, desencadenando una búsqueda urgente por parte de las fuerzas de seguridad.

El permiso extraordinario, concedido por la titular del Juzgado de Ejecución de lo Penal en la Segunda Circunscripción, tenía como objetivo que Tobares pudiera «afianzar y mejorar la relación con su familia». Sin embargo, esta medida subestima el riesgo que representa liberar, aunque sea por unas horas, a personas con antecedentes criminales peligrosos. En 2022, Tobares ya había sido detenido por dos asaltos cometidos mientras gozaba de libertad condicional por un delito anterior. La reincidencia en su comportamiento delictivo es una señal clara de que no estaba listo para recibir ningún tipo de beneficio de este tipo.

El sistema judicial debe priorizar la seguridad de la ciudadanía por encima de cualquier consideración de reintegración social cuando se trata de individuos con un historial de violencia o delitos graves. Permitir que personas peligrosas salgan de prisión, incluso bajo custodia, pone en riesgo la seguridad pública y socava la confianza en el sistema de justicia.

Es necesario revisar y restringir drásticamente la concesión de permisos a individuos con antecedentes violentos o reincidentes. La justicia no puede permitirse el lujo de ser complaciente cuando está en juego la seguridad de la población. Casos como el de Tobares son un recordatorio de que, si bien la rehabilitación es un objetivo noble, no debe prevalecer sobre la protección de la sociedad.

La evasión de Tobares podría haberse evitado con una política más rigurosa que prohíba tales permisos para internos con antecedentes graves. La prioridad debe ser garantizar que estos individuos permanezcan bajo una vigilancia estricta y no tengan la oportunidad de escapar y poner en peligro a otros. La justicia debe ser firme y consciente del daño potencial que decisiones mal calculadas pueden causar.

Este incidente debe servir de advertencia para las autoridades judiciales y penitenciarias. La seguridad de la comunidad no puede ser comprometida por decisiones que, aunque bien intencionadas, ignoran la realidad del riesgo que representan algunos internos. Es hora de que la justicia actúe con mayor cautela y responsabilidad en la concesión de permisos.