Luego de que la justicia de los Estados Unidos le ordenara a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, las acciones de la petrolera cayeron y se desplomaron hasta un 7% en Wall Street.

Así, los papeles de la empresa petrolera que cotizan en la Bolsa de Nueva York se hundieron entre un 6,6% y 7%, cotizando en torno a los US$31,57 por acción.

La reacción del fallo también impactó en la Bolsa porteña. Pasado el mediodía, pasó a caer 2,4% en dólares, a pesar del buen inicio que había registrado este lunes.

Los bonos soberanos de deuda también registraron bajas, mientras que los distintos tipos de cambio aumentaron hasta $10.

El derrumbe de los papeles de YPF repercutió en las acciones del rubro energía. Así, Pampa Energía cayó 1,5%, Vista Energy cedió 1% y Transportadora Gas del Sur perdió 1,7%.

El dólar oficial cerró a $ 1.165 para la compra y $ 1.215 para la venta. Por su parte, el dólar “blue” culminó a $ 1.200 para la compra y $ 1.220 para la venta.

El dólar mayorista operó en $ 1.196 y $ 1.205 para ambas puntas. En tanto, el MEP cerró en  $ 1.210,15 y el Contado con Liquidación (CCL) en $ 1.212,71.

Con relación al fallo adverso para la Argentina, el presidente hizo una reunión de gabinete, que duró más de dos horas. En la reunión participó  el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli.

El presidente Javier Milei en un posteo en X acusó al ex Ministro de Economía de aquel momento Axel Kicillof  de la expropiación de la empresa y lo culpó por los 16.000 millones de dólares que va a tener que cargar el país: “Nos acabamos de enterar que la jueza Preska falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK”, escribió el Presidente.

Se trata de una sentencia que el país podrá apelar y está encuadrada en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones