El expresidente Alberto Fernández fue imputado por los delitos de «lesiones graves doblemente agravadas» por el vínculo, «abuso de poder» y «amenazas coactivas» en perjuicio de su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez. La causa, que investiga presuntos actos de violencia de género, ha llevado al fiscal federal Ramiro González a solicitar una serie de medidas importantes para esclarecer los hechos.

Entre las acciones solicitadas por el fiscal se incluye la citación como testigos del exmédico presidencial Federico Saavedra, de la exsecretaria María Cantero, del exintendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez, y de Sofía Pacci, amiga cercana de la ex primera dama. Además, el fiscal ha pedido que se obtengan los videos de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos correspondientes a los últimos dos años, tanto del chalet principal como de la casa de huéspedes donde Fabiola Yañez se mudó tras la separación con Alberto Fernández, presuntamente debido a los actos de violencia.

El dictamen del Ministerio Público Fiscal también señala la necesidad de formar un «legajo de investigación por separado» contra la exministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, por su presunta inacción ante las revelaciones de Yañez sobre las agresiones que estaba sufriendo. Según el fiscal González, Yañez habría vivido una relación caracterizada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas, en un contexto de violencia de género agravado por la asimetría de poder, la cual se habría intensificado tras la elección de Fernández como Presidente de la Nación.

El dictamen del fiscal detalla nueve situaciones en las que el exmandatario habría cometido comportamientos penalmente relevantes. Entre los incidentes más graves se encuentran el supuesto aborto forzado que Yañez habría sufrido en 2016, la agresión durante la denominada “fiesta de Olivos”, y las amenazas recientes que, según el fiscal, habrían sido proferidas tanto por Fernández como por terceros.

Esta imputación representa un capítulo crítico en la vida pública de Alberto Fernández, quien ahora enfrenta un proceso judicial que podría tener graves consecuencias tanto para él como para su legado político. La investigación continúa, y las pruebas solicitadas por el fiscal serán clave para determinar la veracidad de las acusaciones y el futuro del expresidente en este caso.