El Gobierno Nacional  está trabajando en una nueva ley migratoria para combatir la inmigración ilegal  y busca que el Congreso la sancione antes de finalizar 2025.

El presidente argentino incluyó esta iniciativa en el paquete de reformas presentado durante la apertura de las  sesiones ordinarias del Congreso del año 2025.

Entre los principales cambios propuestos se destacan la implementación de aranceles para extranjeros no residentes en los ámbitos de salud y educación, la agilización de los procesos de deportación para inmigrantes involucrados en actividades delictivas, el establecimiento de requisitos más estrictos para la obtención de la residencia y un refuerzo en los controles fronterizos.

Esta en esta tarea de preparación el Ministerio de Justicia  quien en pocas semanas dará a conocer el Proyecto.

La Ley de Migraciones 25.871, vigente desde 2003 y modificada en 2010, será revisada con el objetivo de endurecer las regulaciones y asegurar que los servicios públicos sean financiados y utilizados prioritariamente por los ciudadanos argentinos.

El Gobierno de Milei impulsa un esquema de arancelamiento para extranjeros en los servicios de salud y educación, siguiendo el modelo de algunas provincias que ya han adoptado medidas similares.

En Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, se implementó el cobro por atención sanitaria a no residentes, lo que redujo los denominados «tours sanitarios«. En Salta, por ejemplo, se registró un ahorro fiscal de $60 millones en un solo hospital.

Respecto al ámbito universitario, el presidente Javier Milei expresó que «las universidades deben cobrarles a quienes no son residentes permanentes«, aunque la definición final dependerá del Congreso. No obstante, desde el Ejecutivo no descartan avanzar mediante decreto si el proyecto no prospera en el ámbito legislativo.