Según el último informe del INDEC correspondiente a agosto, la dotación total de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades alcanzó los 285.733 empleados, lo que representa una caída interanual del 7,8% y una variación mensual negativa del 0,7%.

De marzo a agosto, la reducción fue de 8.755 puestos de trabajo. La administración centralizada incluso mostró un aumento por absorción de organismos descentralizados, pero en el resto de las estructuras —como la administración desconcentrada, otros entes y empresas estatales— la disminución fue sostenida.

El ajuste también impactó con fuerza en las empresas públicas, aunque de manera desigual. Desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025, varias firmas redujeron significativamente su planta de personal, incluso aquellas sujetas a procesos de privatización o concesión.

Banco Nación: pasó de 17.688 empleados al cierre de la gestión de Alberto Fernández a 15.838, una reducción de 1.850 agentes.

Aerolíneas Argentinas: recortó su personal de 11.986 a 10.117, es decir, 1.869 menos.

Fábrica de Aviones “Brig. San Martín” S.A.: bajó de 992 a 706 empleados, con 216 despidos.

Fabricaciones Militares S.E.: redujo su planta de 1.478 a 1.092 trabajadores, con 386 bajas.

Educar S.A.U.: pasó de 458 a 200 empleados, fueron desafectadas  258 personas.

En total, el panorama muestra un achicamiento sostenido del empleo estatal,  que, como sabemos, estaba sobredimensionado por las prebendas políticas.

Es importante tener presente que los salarios del  sector público nacional crecieron, también de acuerdo  con el INDEC, un  19,1% en el año, mientras que en el sector privado formal los mismos aumentaron un  16,2%.

El gobierno nacional  claramente está aplicando la “Deep motosierra” y se nota en la disminución del empleo público.

Ahora  con la nueva Resolución 68/2025, el Ministro  Sturzenegger impone un control estricto sobre los contratos transitorios del Estado en los que están en vigencia, pero mucho mas para cualquier posible nueva incorporación tendrá la repartición que lo requiera fundar la misma, y el ministro deberá aprobarla.

Con esto se busca que en el estado nacional no aumente la dotación de empleados públicos  y evitar que el peso de la  sobredimensión de la planta estatal  recaiga sobre el bolsillo del contribuyente.