El Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) han acordado la transferencia de competencias sobre 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente en el territorio porteño. Este acuerdo, formalizado en la Casa Rosada con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, implicará un ahorro significativo de $15.000 millones mensuales para el gobierno nacional, al eliminar los subsidios destinados a estas líneas en las áreas porteña y bonaerense.

A partir de septiembre, la administración de CABA asumirá el control total de la gestión, administración, frecuencias, recorridos, subsidios y tarifas de las líneas de colectivos que circulan en su jurisdicción. Durante un período de transición de 30 días, se mantendrán las tarifas actuales y el descuento de la Red SUBE para los usuarios que realizan múltiples viajes dentro de la ciudad.

Este traspaso, que resuelve una cuestión pendiente desde 2012 cuando la Nación transfirió a CABA el control de subtes y premetro, no solo alivia significativamente las finanzas del gobierno nacional, sino que también plantea un desafío financiero para la Ciudad de Buenos Aires. CABA deberá ahora subsidiar casi dos tercios del precio real del pasaje, un esfuerzo que, según un comunicado conjunto de ambas administraciones, no será sostenible a largo plazo. Esto obligará a la Ciudad a reestructurar inversiones y gastos para absorber el nuevo costo.

Se espera que en los próximos días la Secretaría de Transporte de la Nación, liderada por Franco Mogetta, publique una nueva estructura de costos del sistema de transporte, lo que podría resultar en un aumento de tarifas. Desde la asunción de Milei, el pasaje de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha experimentado un aumento del 600% debido a la quita de subsidios, en línea con la política de ajuste fiscal del actual gobierno.

Con este acuerdo, el Gobierno Nacional no solo logra un alivio inmediato en sus cuentas públicas, sino que también avanza en su objetivo de reducir el tamaño del Estado, trasladando responsabilidades a las administraciones locales, como es el caso de CABA, lo que refuerza la eficiencia en la asignación de recursos y disminuye la carga financiera a nivel nacional.