El Gobierno anunció este jueves el despido de 100 empleados   de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA).  Este organismo, creado en 2009 bajo la Ley de Medios, tenía como propósito recibir denuncias por cuestiones periodísticas. Con la reciente resolución 107, se encendió la motosierra y la planta de trabajadores se redujo de 144 a 40 empleados.

Desde su fundación, la DPSCA acumuló un costo estimado de 70 millones de dólares, lo que generó cuestionamientos sobre su impacto real. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado,  Federico Sturzenegger,  el organismo tenía prácticas polémicas, como el uso de «un estudio de televisión portátil que se utilizaba en actividades de adoctrinamiento político contra periodistas críticos».