Despúes de dos meses la cámara de diputados del vecino país aprobó una reforma fiscal, que es una victoria para el  PARTIDO DE LOS TRABAJADORES del  Lula Da Silva.

El texto final del reglamento de esta reforma tendrá repercusiones en el consumo de los brasileños y en la economía nacional en los próximos años, destacándose la introducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que será el más alto del mundo con un 27,1%.

La nueva reforma fiscal busca, entre otras cosas, aumentar la recaudación del Estado, especialmente debido al déficit en el gasto público generado por el gobierno de Lula da Silva, que alcanzó los 138,3 billones de reales (25,5 billones de dólares) en mayo, una de las cifras más altas en años recientes.

Los primeros afectados serán los trabajadores más vulnerables, como los conductores de aplicaciones. Según el primer censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) dedicado a ellos en 2023, son aproximadamente 1,5 millones de microempresarios.

Con la reforma, esta categoría, que actualmente goza de una exención municipal en el impuesto sobre los servicios, enfrentará la aplicación de dos nuevos impuestos: el impuesto sobre bienes y servicios (IBS) y la contribución sobre bienes y servicios (CBS). En total, se estima que la categoría deberá pagar un impuesto del 26,5% sobre los ingresos brutos, que incluirá los gastos de mantenimiento, combustible e impuestos del vehículo.

Varios conductores de aplicaciones han expresado su intención de dejar este trabajo debido al impacto esperado en sus ingresos netos. La Asociación Brasileña de Movilidad y Tecnología (Amobitec), que representa a las aplicaciones de transporte, también está preocupada porque esta medida tendrá repercusiones negativas tanto para los trabajadores como para el precio final para el consumidor.

Es crucial recordar que en una sociedad tan desigual en términos de ingresos como la brasileña, estas aplicaciones han permitido que muchas familias generen ingresos decentes, a los cuales, en la mayoría de los casos, no habrían tenido acceso con su nivel educativo. Además, en el contexto de un sistema de transporte público deficiente, especialmente en las grandes ciudades, estas aplicaciones han democratizado el transporte, permitiendo que incluso personas de bajos ingresos puedan desplazarse en coche desde áreas periféricas.

Según la propuesta, el sector inmobiliario también enfrenta el riesgo de que los compradores eviten adquirir propiedades debido a cambios en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Inmobiliarias (ITBI). Anteriormente, este impuesto se pagaba una vez que se formalizaba la compraventa y se inscribía la propiedad en los registros públicos, pero ahora se pretende pagarlo por adelantado en el momento de la formalización del contrato.

Esta medida ha recibido críticas por parte de expertos fiscales debido al riesgo de litigiosidad, ya que podría entrar en conflicto con el Código Civil y con decisiones previas del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Superior Tribunal de Justicia (STJ).