Es un secreto a voces que  sectores del kirchnerismo y La Cámpora mantienen una fuerte influencia en el C.F.I.  la conducción operativa, el manejo de los fondos y el nombramiento de personal técnico.

Figuras como el exministro Wado de Pedro han sido señaladas como actores clave en la administración de este consejo, ya que su secretario General Renato Ignacio Lamothe (quien no es ni economista ni licenciado en administración de empresas sino Licenciado en Ciencias Políticas) es dirigente de estrecha confianza del exministro Eduardo «Wado» de Pedro, manteniendo un vínculo histórico con el kirchnerismo y la Cámpora.

Por ejemplo, en los últimos días trascendió  que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof,   financió gran parte de su viaje a España con recursos del Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo oficial que se habría hecho cargo de la mayoría de los gastos de él y de la comitiva (alojamiento y viático) que lo acompaño en su gira por tierras europeas para participar de una cumbre progresista encabezada por el presidente local Pedro Sánchez.

El viaje, que tuvo una duración de cuatro días y escalas en Madrid y Barcelona, incluyó una delegación integrada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini, la vocera Jesica Rey, dos asesores en comunicación y un encargado de custodia. En total, fueron siete los funcionarios bonaerenses que acompañaron al mandatario provincial en su agenda internacional.

El viaje de Kicillof a España se dio en el marco del foro denominado “Movilización Global Progresista”, organizado por el presidente Sánchez. Allí, el mandatario bonaerense fue uno de los oradores en un panel que reunió a líderes internacionales, y en el que coincidió con figuras como el brasileño Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y la mexicana Claudia Sheinbaum.

También trascendieron contratos de asesorías o consultorías de altas sumas de dinero celebradas por el Concejo.  

Es importante analizar en que gasta este organismo el 0.75% de la coparticipación que le da la Provincia, que no demos nuestros ingresos para pagar sueldos o gastos “militantes” de sectores políticos.