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El Intercambio

EL AUMENTO DE LAS JUBILACIONES DADO POR EL SENADO AMENAZA CON QUE EL PAÍS VUELVA AL DÉFICIT FISCAL. SE ESPERA VETO PRESIDENCIAL.

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El Senado de la Nación ha aprobado un aumento en las jubilaciones, modificando la fórmula de actualización. Esta decisión, impulsada por Unión por la Patria y la UCR, establece un ajuste mensual por inflación y un plus del 81% para compensar la pérdida inflacionaria de enero, además de una cláusula gatillo que se activará si los salarios superan la inflación. Aunque se presenta como un acto de justicia social, este incremento podría significar un golpe letal para las finanzas públicas, reavivando el déficit fiscal que el gobierno intentaba contener.

La votación, que contó con el apoyo de algunos senadores del PRO y de bloques provinciales, fue aprobada con los dos tercios necesarios para avanzar, a pesar de la clara advertencia del Ejecutivo nacional sobre las graves consecuencias fiscales que implicaría esta medida. El senador Mariano Recalde, uno de los miembros informantes, defendió el proyecto argumentando que «el sistema previsional argentino está en crisis producto de la crisis económica del país», afirmando que el Estado tiene la obligación de intervenir. Sin embargo, este argumento no toma en cuenta el impacto negativo que una expansión del gasto público, como el que se avecina con este ajuste, tendrá sobre el equilibrio fiscal.

Desde el Gobierno, las alarmas están encendidas. Los técnicos advierten que esta nueva ley de movilidad jubilatoria incrementará significativamente el gasto en jubilaciones, un rubro que ya representa una porción considerable del presupuesto nacional. Con una economía debilitada y una posible vuelta al déficit fiscal, la implementación de este aumento podría llevar al país nuevamente al borde de una crisis fiscal, obligando al Tesoro a recurrir a más endeudamiento o emisión monetaria, con el consiguiente riesgo inflacionario.

Ante este escenario, el Presidente de la Nación evalúa seriamente la posibilidad de vetar la ley. Según fuentes cercanas, el veto se justifica en la necesidad de evitar una catástrofe fiscal, ya que el país no cuenta con los recursos suficientes para financiar este incremento sin comprometer la estabilidad económica. La situación actual exige prudencia fiscal, y el Ejecutivo no está dispuesto a arriesgar la recuperación económica por una medida que, aunque popular, es insostenible en el mediano y largo plazo.

El debate sobre la responsabilidad fiscal frente a las demandas sociales está más vigente que nunca. Mientras algunos sectores celebran esta aprobación como un triunfo de la justicia social, el costo para las finanzas públicas podría ser inasumible. La decisión final queda en manos del Presidente, quien tiene la difícil tarea de balancear las necesidades de los jubilados con la obligación de mantener la solvencia fiscal del Estado.

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