Daniel Rodríguez, ex intendente de la residencia presidencial de Olivos, prestó declaración durante más de seis horas en el marco de la causa promovida por Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, en la que se denuncian golpes, amenazas y hostigamiento. Aunque Rodríguez afirmó que no le consta la existencia de violencia física por parte del ex presidente hacia Yáñez, sí reconoció haber sido testigo de «agresiones verbales». Este testimonio subraya la necesidad de que la justicia investigue profundamente cualquier forma de violencia doméstica y de género para garantizar la protección de las víctimas y la aplicación de la ley.

El ex funcionario, quien negó haber presenciado maltratos físicos, detalló que observó un deterioro en la relación de la pareja, especialmente después de agosto de 2021, coincidiendo con la polémica sobre la foto de la fiesta en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta y los primeros signos de embarazo de Yáñez. «Fue evidente la ruptura de la pareja», señaló Rodríguez, quien también mencionó un aislamiento progresivo de Yáñez, cuyo contacto con otras personas se redujo drásticamente tras esos eventos.

La justicia, en estos casos, debe ir más allá de las evidencias superficiales y asegurarse de que todos los testimonios y pruebas sean exhaustivamente analizados. Rodríguez aportó un croquis detallado de la Quinta de Olivos, que puede resultar crucial para la investigación, dado que la inspección in situ solicitada por la fiscalía fue denegada. Además, mencionó la existencia de puestos de seguridad en la residencia que no registraban entradas y salidas, lo que podría ser relevante para el desarrollo del caso.

La declaración de Rodríguez, aunque no confirmó la violencia física, pone de relieve la importancia de no subestimar ninguna denuncia de violencia de género. Es fundamental que la justicia actúe con diligencia y profundidad en la investigación, asegurando que se esclarezcan los hechos y se proteja a las posibles víctimas. La violencia verbal, como la señalada por Rodríguez, es también una forma de maltrato que puede tener consecuencias graves, y por ello, debe ser considerada con la misma seriedad que la violencia física.

En este contexto, la sociedad y el sistema judicial deben permanecer vigilantes y comprometidos con la erradicación de toda forma de violencia de género, garantizando que los derechos de las víctimas sean defendidos y que los responsables sean llevados ante la justicia.