Mientras en Argentina la Auditoría General de la Nación, es un lugar repleto de empleados y funcionarios públicos, que cuesta muchísimo al contribuyente privado de la República Argentina, distinto es, en eficiencia y gestión la Contraloría General de la República en Chile.

Cuando el senado chileno aprobó la designación, en noviembre de 2024, de la abogada Dorothy Pérez como titular de la Controlaría General de la República,  se veía que esta abogada de 49 años no venía a ocupar un cargo ni a  cobrar un sueldo soñado, ni a llenar las oficinas de  empleo militante. 

En su discurso de imposición planteó, como ejes de su gestión, la modernización institucional, el fortalecimiento del control preventivo y la fiscalización en sectores como salud, educación y gobiernos locales.

Una de las primeras acciones fue que  se encontró con  miles de irregularidades sobre el uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios y empleados  públicos, lo que originó UN ESCÁNDALO POLÍTICO  denominado como  casos de licencias médicas.

 Según datos entregados por la Contraloría, entre 2023 y 2024 se detectaron más de 25 000 casos de empleados públicos que habrían salido del país mientras se encontraban con licencia médica. Como resultado, se abrieron 6600 sumarios administrativos y se produjeron aproximadamente 1100 renuncias, algunas de ellas correspondientes a cargos de jerarquía.

La investigación se basó en el cruce de información entre registros de salidas del país proporcionados por Policía de Investigaciones  (PDI) y las licencias otorgadas por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), revisando más de cinco millones de licencias médicas y más de un millón de registros migratorios.

 En una exposición ante el Senado, a consecuencia de este escándalo, Pérez, a modo de ejemplo, expuso el caso de una funcionaria de la Dirección de Presupuesto “con 332 días de licencias médicas que ejercía otras labores como psicóloga, y nosotros comprobamos a través del Servicio de Impuestos Internos que ella emitía boletas de honorarios en ese periodo y estaba además realizando actividades recreativas y lo publicaba en redes sociales, mientras estaba con su licencia médica”. Otros casos corresponden a empleados públicos que “se dedicaron a viajar por Europa mientras estaban con licencia médica o en comisiones de servicio en el extranjero y la extendieron para poder viajar hacia otro continente con su licencia médica. Algunos funcionarios hicieron completos sus estudios en el extranjero con licencia médica”, acusó.  Durante la exposición ante la alta Cámara, planteó la necesidad de ampliar las atribuciones fiscalizadoras de la Contraloría, una propuesta que generó debate en el ámbito político y jurídico, con el objetivo de reforzar los mecanismos de fiscalización de los recursos estatales.

Las consecuencias de esta investigación fueron varias, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, calculó en USD 300 millones las pérdidas solo en el gobierno central e informó que en un especie de efecto dominó 1.102 trabajadores ya habían dejado sus puestos -aunque no precisó quiénes lo hicieron de manera voluntaria y quienes no-, y que 6.592 personas están siendo sumariados.

La autoridad detalló que los 36 mil viajes fuera del país detectados por la Contraloría corresponden a unos 25 mil trabajadores, puesto que muchos de ellos salieron más de una vez de Chile mientras estaban con licencia médica.

Hubo renuncias, sumarios administrativos y se supone que mas de diez mil empleados serán despedidos.

Esto no quedó aquí, el caso de las licencias médicas impacto en los funcionarios cercanos al presidente Boric, que debieron presentar la renuncia.

A modo de ejemplo, uno de los grandes amigos del presidente Boric (compañero de colegio) Raúl Domínguez Bastidas, jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), quien presentó su renuncia tras revelarse que viajó a Europa luego de haber emitido una licencia.

El martes, Mauricio Tapia, jefe de gabinete de la Seremi de Desarrollo Social en Magallanes y también cercano al Presidente Boric, dejó su cargo luego de que el medio The Clinic revelara que viajó a Argentina con su hijo en 2023 -específicamente a la ciudad de Río Gallegos-, mientras estaba con licencia psiquiátrica.

Marcos Barraza (PC), ex ministro de Desarrollo Social y Familia del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien renunció ese mismo lunes a su puesto como asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social tras aparecer en el listado de funcionarios que viajaron fuera del país con licencia, mientras trabajaba como jefe de gabinete de la ex edil de Santiago, Irací Hassler.

Otro que renuncio por una licencia psiquiátrica y que viajó al exterior, Patricio Baronti, gerente corporativo de personas del Metro de Santiago, quien aseguró que “como parte de mi tratamiento, los especialistas me recomendaron evitar quedarme en casa, fomentando desplazamientos y contacto con personas relevantes para mí”.

Una catarata de renuncias, despidos de empleados y funcionarios públicos, a causa de un trabajo arduo de Dorothy Perez, alguien que no fue a ocupar un puesto por ocuparlo sino que vino a trabajar.