En un país donde más del 55% de la población vive en situación de pobreza, la decisión del Senado de otorgar un aumento del 65% en las dietas de los legisladores nacionales es una afrenta directa a los argentinos que día a día luchan por llegar a fin de mes. Mientras millones de personas padecen la crisis económica, los senadores verán sus ingresos elevarse a la astronómica cifra de 9 millones de pesos mensuales.

Esta medida, justificada como un «aumento por paritaria» y presionada por los gremios y autoridades del Congreso, ignora por completo la realidad que atraviesa el país. En un contexto de inflación descontrolada, recesión y un estado de emergencia social, resulta inaceptable que quienes deberían estar buscando soluciones para aliviar la carga de los más vulnerables, estén priorizando sus propios bolsillos.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, intentó sin éxito que los senadores se desengancharan de este incremento salarial, pero su pedido fue rechazado. Esto demuestra la desconexión total de la clase política con la realidad que vive la gran mayoría de los argentinos.

El aumento de las dietas no solo es un despropósito en términos éticos, sino también un insulto a los millones de contribuyentes que sostienen el sistema con sus impuestos, mientras ven cómo la brecha entre la clase política y el pueblo se hace cada vez más profunda.

En tiempos en que cada peso cuenta para la mayoría de los argentinos, la decisión del Senado es un recordatorio de que la política sigue operando en una burbuja de privilegio, lejos de las necesidades urgentes de la gente. Este tipo de medidas solo alimenta la indignación y el desencanto, profundizando la crisis de representación que atraviesa la Argentina.