MIENTRAS EN SAN LUIS CAPITAL PROYECTA BAJAR SUS TASAS, UN COMERCIO MERCEDINO PAGA CUATRO VECES MÁS POR EL AGUA.- Por Carlos Gabriel Samper
El contraste entre las políticas municipales de ambas ciudades expone una profunda injusticia tributaria. En Villa Mercedes, la falta de medidores obliga a los comercios a pagar tarifas de agua calculadas de forma arbitraria por metros cuadrados construidos, ignorando que la mayoría ni siquiera cuenta con cocina o infraestructura de alto consumo.
En el complejo escenario económico actual, donde cada peso cuenta para mantener las persianas altas y cuidar los puestos de trabajo, las decisiones políticas de los municipios marcan el destino del sector privado.
El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, presentó formalmente el proyecto de la Tarifaria 2027 con un alivio fiscal histórico: reducciones de hasta el 40% en el canon comercial y beneficios directos en los servicios sanitarios. Sin embargo, cruzando la provincia, en Villa Mercedes reina el silencio y la presión impositiva no da tregua.
La principal queja del sector comercial mercedino apunta a la gestión del agua por parte de Obras Sanitarias Mercedes (OSM). Al no existir una cobertura real de medidores domiciliarios y comerciales, el sistema aplica un esquema arcaico e injusto: se factura el servicio midiendo los metros cuadrados de superficie construida.
Este método ignora por completo la naturaleza de la actividad comercial. Locales de indumentaria, oficinas, zapaterías o santerías que ocupan superficies amplias pagan fortunas por un recurso que prácticamente no utilizan. Son espacios que no poseen cocinas, donde el personal no se ducha y solo se cuenta con un baño de uso básico. El consumo real es mínimo, pero la boleta llega como si se tratara de una industria de alto impacto hídrico.
La brecha es alarmante y los números lo demuestran. Datos y pruebas recabadas por los propios afectados confirman que un comerciante en San Luis Capital llega a pagar apenas la cuarta parte de lo que abona un par en Villa Mercedes por un local de idénticas dimensiones. Mientras una ciudad busca incentivar el empleo bajando la carga impositiva, la otra castiga el espacio construido de manera recaudatoria.
Ante este panorama, las preguntas se vuelven inevitables para el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante local: ¿Cuándo se va a subsanar esta injusticia histórica? ¿Por qué se dilata la implementación masiva de medidores que garanticen un cobro justo por el consumo real?
Los comerciantes locales exigen empatía y medidas urgentes. En tiempos de crisis, sostener un negocio con tarifas basadas en metros cuadrados y no en la realidad del consumo es, llanamente, empujar al sector productivo a la informalidad o al cierre definitivo.
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