CUANDO LOS BIENES PÚBLICOS SE CONVIERTEN EN BOTÍN DE CAMPAÑA. Por Carlos Gabriel Samper

La declaración que hizo ayer ante el Juez por parte de  Diego Torres, ex funcionario en el  complejo cultural Molino Fénix en Villa Mercedes, ha terminado por correr el velo de una práctica sistemática, histórica y descarada dentro de una parte de la dirigencia política puntana: el uso de los recursos del Estado como si fueran un patrimonio privado del partido gobernante.

En su declaración ante el juez de Garantías Santiago Ortiz, Torres admitió haber participado en el traslado de mobiliario estatal hacia búnkeres partidarios y confirmó el desvío sistemático de fondos públicos para financiar la campaña de 2023 de la exlegisladora Anabela Lucero y del candidato a gobernador oficialista Jorge  Fernández.

La causa judicial del Molino Fénix, que mantiene a Anabela Lucero en prisión preventiva como presunta jefa de una asociación ilícita y por un supuesto  fraude estimado en más de 900 millones de pesos, expone una realidad que se da en gran parte de la clase política puntana y diría Argentina, se ve que los bienes públicos no son en beneficio común sino del partido que está gobernando.

La declaración  del imputado Torres fue muy importante: el presupuesto de un centro cultural, creado teóricamente para el desarrollo de la comunidad villamercedina, se licuó en buzos, remeras electorales impresas con el nombre de Lucero, bolsones de comida para clientelismo y hasta en combustible para trasladar militantes y folletería.

Según la declaración de Diego Torres, el modus operandi revela un engranaje donde lo público y lo privado pierden todo tipo de fronteras éticas:

Mano de obra estatal para el partido: Empleados de mantenimiento del Molino Fénix eran enviados en horario laboral a pintar sedes partidarias.

Estructura empresarial aliada: La inclusión en la causa de empresario —recientemente detenido bajo cargos de fraude y asociación ilícita— pone en evidencia la necesidad de «pantallas» privadas y facturación apócrifa para lograr el efectivo desvío de los caudales de la provincia hacia los bolsillos del poder de turno.

Saqueo físico: Cuando las urnas les fueron esquivas, cargan en camionetas desde mesas y sillas de vidrio hasta equipamiento tecnológico para vaciar los complejos públicos.

Lo más alarmante del entramado que investiga el fiscal José Olguín no es solo el monto del perjuicio. Lo verdaderamente destructivo para el tejido democrático de San Luis es la naturalización del abuso. Durante décadas, un sector de la clase política puntana moldeó la administración pública bajo una premisa implícita: «El Estado soy yo, y sus recursos me pertenecen para perpetuarme».

Parece que,  para un importante sector de la clase política puntana, desviar millones mediante chequeras paralelas o mandar a vaciar un predio cultural no parecía un delito, sino un trámite de rutina para la campaña. Esta confusión deliberada entre lo institucional y lo partidario, es el hecho que hace dudar de la altura ética de una porción importante de la clase política provincial.  

La causa del Molino Fénix ya no es solo un expediente por corrupción económica. Es la radiografía de una de la decadencia  de la política de San Luis, donde el dinero de los contribuyentes (que lo ganan con esfuerzo) se termina dilapidando en el cotillón, las remeras y la impunidad.

También se ve con el escándalo “El Caburé” donde la clase política descuidó una cosecha de dos mil hectáreas de maíz y todo se perdió, un perjuicio millonario en contra del patrimonio público.

Más allá del legítimo derecho de defensa y el respeto estricto al principio de inocencia que asiste a los imputados, el nudo del problema expone una matriz estructural: una práctica política enquistada que parasita de manera directa el esfuerzo del sector privado y de los contribuyentes.