El Congreso argentino aprobó en diputados  el 9 de abril de 2026 la reforma de la ley de glaciares  (Ley 26.639) con 137 votos a favor y 111 en contra. La nueva normativa limita la protección estricta a zonas con «función hídrica comprobada», descentraliza el control hacia las provincias y busca destrabar inversiones mineras, modificando la ley original de 2010. 

El gobierno emitió un comunicado a través de la Oficina del Presidente que reza: “La Oficina del Presidente celebra aprobación definitiva del proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”, introdujo el texto publicado en las redes sociales.

Asimismo indicó la oficina indicó que se trata de una “reforma histórica” que “aclara con precisión científica” que se “debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas”. En paralelo, el Gobierno dijo que a la vez se permite “la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares”

También en ell comunicado se señaló que “Estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan). La reforma aprobada les devuelve la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista”.

Se delega en las provincias la definición ​de los estándares para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, ​que incluye cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca que pueden constituir una reserva hídrica estratégica.